¿Qué sucede con los estibadores en España?
Dos años más tarde de su sentencia el Tribunal europeo amenaza con fuertes sanciones al país, mientras las partes implicadas parecen enquistarse en sus posturas, con jornadas de huelga convocadas por los estibadores que pueden repercutir en el buen avance económico de los puertos españoles; que han podido capear la crisis y aumentar sus ritmos de carga y trabajo en los últimos años de un sector, el del transporte marítimo, que representa un 20% del PIB y del que dependen el 80% de nuestras importaciones y el 60% de las exportaciones y el 90% del transporte mundial.
Dos años más tarde de su sentencia el Tribunal europeo amenaza con fuertes sanciones al país, mientras las partes implicadas parecen enquistarse en sus posturas, con jornadas de huelga convocadas por los estibadores que pueden repercutir en el buen avance económico de los puertos españoles; que han podido capear la crisis y aumentar sus ritmos de carga y trabajo en los últimos años de un sector, el del transporte marítimo, que representa un 20% del PIB y del que dependen el 80% de nuestras importaciones y el 60% de las exportaciones y el 90% del transporte mundial.
Mientras el gobierno y patronal defienden esta liberalización como una forma de mejora económica y de competitividad para las empresas, trabajadores y Puertos del Estado, los sindicatos y los propios estibadores la ven como una estrategia de recorte de derechos laborales que implicaría que se realizase un ERE encubierto en un breve plazo de tiempo tras su aprobación.
El origen del conflicto está sencillamente en la propia regulación del sector de la estiba y su particular forma de contratación, única en toda España que no está sujeta a la libertad de contratación. Las empresas operarias en los puertos públicos españoles deben contratar para las tareas de estiba a los trabajadores que pertenezcan al registro de trabajadores de las Sagep (Sociedades anónimas de gestión de trabajadores portuarios) además de estar obligadas a participar con parte de su capital en esas sociedades. Las Sagep son las encargadas de coordinar las jornadas de trabajo y de la selección, preparación y acreditación del personal.
Estos privilegios laborales, aparte altos niveles de retribución respecto a la realidad del mercado nacional (media de sueldos de 60.000 euros anuales), hacen que el sector haya estado históricamente bajo la sospecha de monopolio y nepotismo y de actividades sindicales de presión y actuación en ocasiones de dudosa legalidad.
En realidad la problemática española se inicia cuando en 1948, siguiendo el modelo francés, se crea la OTP ( Organización de Trabajadores Portuarios) y se crea un registro oficial de estibadores que representan la mano de obra disponible, todo bajo el amparo de un paternalismo socio-liberal que acabó degenerando en un monopolio laboral.
La OTP funcionaba como una empresa de trabajo temporal que dependía del volumen de tráfico marítimo. Además regulaba el acceso a la profesión y la obtención de jornales con lo que fue ganando poder reivindicativo y un índice prácticamente del 100% de sindicalización desde los propios comienzos.
En 1986, la OTP desaparece y se crean las Sociedades Mixtas de Estiba y Desestiba para conseguir una mayor flexibilidad en la contratación de empleados auxiliares, sin embargo se mantuvo inalterada la obligación de pertenencia al censo de trabajadores.
En 2011 estas sociedades se transforman en las Sagep actuales que debido a sus estatutos chocan de frente con la normativa europea de libre contratación y competencia por lo que en su día el Tribunal de Justicia de la UE falló a favor de la reforma del sector sin dilación en 2014.
Sin embargo el Gobierno no había actuado con contundencia hasta ahora cuando se ve amenazado con una fuerte sanción de la UE si no cumple su normativa.
Por su lado los sindicatos ven la reforma presentada como un intento de provocar una desprofesionalización del sector que les llevaría a grandes pérdidas salariales y que implicaría despidos encubiertos para sustituir la mano de obra por otra mucho más barata, por lo que defienden el sistema de un censo de trabajadores heredado desde tiempos de la OTP.
El gobierno en su Real Decreto Ley propone la libertad de contratación y la no obligación de las empresas de estiba de formar parte de una sociedad que suministra los trabajadores (Sagep) con un periodo de transición de tres años tras el cual las Sagep deberán liquidarse o transformarse en empresas de trabajo temporal (ETT) teniendo que coexistir con Centros Portuarios de Empleo. Además se exigirá una cualificación de título profesional o una experiencia demostrada de 100 jornadas de trabajo para poder realizar el servicio de estiba. El gobierno, patronal y operadores logísticos defienden esta medida argumentando que esta liberalización les dará un margen competitivo mayor, ya que según las cifras que manejan la estiba y desestiba de los buques les implica un 51% de los costes totales de sus operaciones, y gracias a esta nueva regulación podrían acercarles al 30% que manejan otros países que compiten con nuestros puertos.
Sin embargo los estibadores rechazan este plan mientras no se garantice por escrito el mantenimiento de los puestos de trabajo actuales, con sus salarios y derechos, y defienden la figura de pertenencia a un registro de trabajadores para garantizar la profesionalidad de los estibadores tanto actuales como futuros.
Al no evitar que el gobierno presente y apruebe la ley, los 6.150 trabajadores pertenecientes al sector decidieron de forma unánime convocar nueve jornadas de huelga en forma de paros parciales y alternados durante las horas impares de los días 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22 y 24 de este mes de marzo.
Buscaban así presionar a los grupos parlamentarios para que no apoyasen al gobierno en la reforma, ya que éste necesita el apoyo de una mayoría simple del Congreso de los Diputados que el Real Decreto resulte efectivo como ley de obligado cumplimiento. De hecho, las primeras dos jornadas de paros (días 6 y 8 de marzo) fueron desconvocadas ante la inicial falta de apoyo a la reforma manifestada por el PSOE.
Por otro lado, si el sector de la estiba no afronta de forma inmediata esta reforma, el Tribunal europeo impondrá a España una multa de 21,5 millones de euros más una sanción diaria de 134.000 euros por cada día que pase hasta que su exigencia se cumpla, y que se pagaría del erario público.
Las siguientes semanas serán claves, y de la resolución de este conflicto dependerá una parte nada desdeñable de la salud de la economía española en el presente y futuro inmediatos.
Para estas jornadas se garantizan servicios mínimos del cien por cien en operaciones que afecten a mercancías perecederas y peligrosas, a pasajeros, a situaciones de emergencia y a productos esenciales para las islas, Ceuta y Melilla. Así todo se estima una pérdida aproximada de 500 millones de euros para empresas logísticas y Puertos del, además de perder volumen de trabajo a favor de otros puertos de nuestra zona de influencia (navieras como Maersk ya han empezado a desviar buques a otros puertos europeos).
